miércoles, 1 de junio de 2011

Casi dos años de 'falsos positivos' en Soacha, y solo un caso avanza

El 4 de marzo del 2008, Eduardo Garzón Páez y Daniel Andrés Pesca salieron del sur Bogotá hacia Cimitarra (Santander), persiguiendo una oferta de trabajo. Al día siguiente fueron reportados como ilegales dados de baja en combates con tropas del batallón Rafael Reyes. Se espera que este viernes, más de tres años después, una jueza de Bucaramanga decida si el coronel Wilson J. Castro, el teniente Eduar Antonio Villany, el sargento Jesús Eduardo Niampira y el soldado Guillermo Pacheco son culpables del delito de homicidio. La Fiscalía y la Procuraduría pidieron condena por desaparición forzada, homicidio agravado, peculado y falsedad ideológica en documento público, en un proceso que ha tenido al menos seis aplazamientos, que suman meses.

Aun así, el de Garzón y Pesca es el único caso entre los llamados 'falsos positivos' de Soacha que ha logrado avanzar en los estrados. Otros cuatro expedientes que comprometen a medio centenar de militares en la muerte de otras 15 personas reclutadas en Soacha, y que corrieron la suerte trágica de los dos de Cimitarra, están en audiencias preparatorias. Esta es la fase previa al juicio, en la que apenas se enumeran las pruebas de Fiscalía y Defensa. Por esa demora, solo cinco de los 60 uniformados que en el 2009 fueron detenidos por el mayor escándalo en la historia reciente del Ejército siguen presos. La mayoría recuperó su libertad hace 14 meses, por vencimiento de términos.

En junio del 2009, la Fiscalía acusó a uniformados de dos unidades de Norte de Santander por los supuestos asesinatos fuera de combate de nueve de los jóvenes de Soacha. Los juicios debieron haber arrancado máximo en septiembre de ese año, pero eso no ha pasado.
 A pesar de que se trató de un caso emblemático que llevó incluso a una histórica purga militar (salieron 27 militares, entre ellos tres generales), el retraso acumulado ya va a completar dos años, en buena medida por maniobras de la defensa (ver críticas de la Fiscal a Defensoría Militar).

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